MALQUI MACHAY MORADA DE LOS INCAS

Por: Martha Tayo

En Malqui Machay, del cantón Sigchos, en la provincia de Cotopaxi, una caminata realizada el 23 de septiembre anterior dio inicio a la toma de posesión simbólica para este pueblo, de las ruinas en las que se considera fue la última morada del inca Atahualpa.

El interés de la ciudadanía indígena en este sitio es grande, en especial desde que está probado científicamente, mediante una investigación realizada hace muchos años por la académica Tamara Estupiñán, de que ahí fue el último refugio y por ende donde reposan los últimos vestigios de los incas.

A raíz del encuentro de estos vestigios, la población prepara actos ceremoniales que los incas practicaban en aquellos tiempos. “Fue una civilización muy disciplinada, con costumbres muy estrictas, y aunque ha pasado mucho tiempo -alrededor de 500 años-, eso no se ha logrado olvidar, no está sepultado, está vivo”, sostiene José Villamarín, alcalde de Sigchos.

A la caminata, que según lo reconoce Villamarín no tuvo demasiada difusión, se sumaron moradores del sector, organizaciones de Pangua, en especial de Angamarca la Vieja, y toda la red de los centros experimentales SEIC, que es bilingüe, moradores de algunas comunidades de las diferentes parroquias como Isinlivi, Chugchilán, Zumbahua.

En primera instancia se habló de un aproximado de 200 personas que caminarían, pero con las personas que se sumaron se llegó a un aproximado de 1.000, que es un número importantísimo de personas que estuvieron dispuestas a caminar desde Chugchilán hacia Quindigua, que fue el centro de concentración.

En cuanto al rumor de que se cobraban entradas para poder visitar estas ruinas llenas de historia, el Alcalde manifestó que eso se está haciendo porque se las ha declarado como de utilidad pública. “Se le ha tratado de situar una tarifa, pero no como municipio, esto lo ha hecho el dueño de la propiedad con la finalidad de cubrir algunos gastos que él tiene, porque el dueño tiene que hacer vigilancia, cubrir una serie de pérdidas y todo esto le genera gastos. Además, esto sirve para frenar la entrada incontrolable que se empezó a producir”, manifiesta.

En los fines de semana había de 300 a 200 personas que empezaron a destruir el lugar, lo cual es preocupante, ya que si bien la investigación histórica está concluida, no así la investigación arqueológica, que está por comenzar.

Al momento, el Ministerio de Patrimonio está hecho cargo del sitio, y ya se han mantenido reuniones con la ministra María Fernanda Espinoza, en las que se le ha entregado una carta de Estado para que la investigaciones continúen y así se pueda determinar las obras emergentes para que la ciudadanía en general puede seguir llegando y por ende incorporar cada vez más el turismo. “En ese camino estamos, todo es cuestión de tiempo, por eso pedimos a la ciudadanía la comprensión, vamos a ser sumamente responsables de que ese monumento nosotros no lo vamos a dejar que se pierda, como muchos que se han perdido durante décadas en la provincia de Cotopaxi y en el país”, concluye el Alcalde.

Absurdos y riesgos de una Ley de Comunicación antidemocrática

POR FRANKLIN FALCONÍ

Cuando el botón oficialista se presione en la Asamblea, una de las libertades democráticas más importantes -aunque aún históricamente insuficientes- que el sistema capitalista permite, se habrá limitado aún más en el Ecuador: la libertad de expresión.

Es que el informe para segundo debate de la Ley de Comunicación, presentado el 1 de julio del año pasado por la Comisión legislativa correspondiente, así como el informe complementario, presentado el 20 de julio de este año, regulan este derecho con el propósito de limitarlo en función de los intereses del régimen.

El proyecto mira a la libertad de expresión como un derecho que se desarrolla en dos dimensiones: una privada y una social. La primera es entendida como el ejercicio que una persona tiene de expresar sus ideas y pensamientos de manera libre, pero con “ciertas restricciones" y sometida a una “responsabilidad ulterior”. Relaciona a esta dimensión con la denominada “libertad de prensa”, que según la visión de los asambleístas que elaboraron la norma, es la única manera de que se ejerza este derecho de manera privada. La otra dimensión es entendida como el derecho a estar informados que tienen los ciudadanos.

Desde esta perspectiva, el fenómeno comunicacional se desarrolla en medio de una tensión entre el mercado y el Estado. Mientras el mercado implica el interés individual, el Estado supuestamente implica el interés colectivo. “El fin que legitima la existencia del Estado en una sociedad democrática es la regulación de la conducta de los individuos sujetos a su jurisdicción para la promoción del bien común. La regulación  de los derechos a la comunicación es necesaria para cumplir ese legítimo fin”, dice el proyecto. El Estado se propondría lograr que los medios informen con veracidad, oportunidad, pluralidad, contexto y verificación, y así supuestamente se cumpliría la libertad de expresión en el nivel social. Ni una cosa ni otra son correctas. Primero porque se parangona a la libertad de expresión de las personas con la libertad de empresa de los burgueses, y luego porque se mira al Estado como un espacio de conciliación de intereses entre las clases y no como lo que verdaderamente es: ejercicio de poder de una clase social sobre otras.

Por otro lado, decir que la libertad de expresión de los pueblos es simplemente el derecho a estar informados, es considerarlos como objetos de la comunicación y no como sujetos activos de este proceso. Es la típica visión funcionalista de la comunicación de Shanon  y Weaber, en la que el emisor es el que tiene el poder sobre los receptores, y en donde los segundos no son más que receptáculos donde los hacedores de mensajes actúan a voluntad.

Los criterios que se establecen para valorar la “buena” información son otro tema polémico. ¿Quién definirá lo que es verdadero y lo que es falso?, ¿con qué criterios? ¿Cómo medir si una información es oportuna, sobre todo ahora que las nuevas tecnologías han impuesto la instantaneidad como condición para la información? ¿Cómo exigir verificación o pluralidad a medios comunitarios que generan información desde una perspectiva cultural y unos intereses específicos?

Los absurdos y peligros de la ley

El artículo 8 del informe de hace un año se refiere a que “los medios de comunicación social y las entidades públicas y privadas deberán observar buenas prácticas y principios deontológicos en la producción y difusión de sus contenidos”. Juzgue cada quien a qué se referirán con “buenas prácticas”. Y en cuanto a la deontología, ésta se refiere a elementos de ética y moral, absolutamente subjetivos y que dependen de determinaciones históricas. Por ejemplo, para los empresarios será ético vivir del trabajo de otras personas, o para el gobierno será ético hacer de los medios públicos centrales de propaganda política. Para los pueblos que sufren la explotación y la exclusión no lo es.

En realidad, los futuros rectores de la comunicación que el gobierno pretende imponer con esta ley, tendrán un amplio abanico de posibilidades para juzgar la información que se emite a través de los medios, tanto públicos, como privados y comunitarios.

Está prohibido, dice el proyecto en su artículo 5, todo tipo de discriminación en cuanto a “etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación”.

Imaginemos de qué manera entenderán los miembros del Consejo de Regulación (que seguramente tendrá mayoría oficialista) los hechos de discrimen ideológico, político, de pasado judicial y condición socioeconómica en la información emitida por los medios. El gobierno y todas sus instancias serán los principales demandantes por discrimen. En medios como OPCIÓN, por ejemplo, ese discrimen es frontal en términos de posiciones ideológicas y políticas, tanto como lo es respecto de magnates como Fidel Egas, dueño del Banco del Pichincha o de Álvaro Noboa y su imperio empresarial heredado ¿Podríamos ser demandados por discrimen por condición socioeconómica a estos personajes, por ejemplo? Pues lo que sabemos es que por más que rija esta ley, el compromiso de OPCIÓN con los trabajadores, pueblos y nacionalidades no cambiará.

Por el mismo lado va el tema de la “violencia física y psicológica”. ¿Qué será “violencia psicológica” para un Consejo de Regulación gobiernista? Recodemos que tenemos un primer mandatario hipersensible en cuanto a afectaciones a su honra. El articulado en esta parte reafirma su concepción burguesa, en el sentido de considerar a la violencia proveniente del Estado como la única legítima. Se desconoce en esta ley, la acción de rebeldía a la que los pueblos tienen derecho, constitucionalmente definida como el “derecho a la resistencia”.

Éstos, entre otros aspectos, son los absurdos y los riesgos que vienen con la Ley de Comunicación que solo espera que los dedos verdelimón presionen el botón en la Asamblea.

VERDE ES EL COLOR DEL PONCHO Y EL SOMBRERO DE ULCUANGO

POR: JOSÉ MANUEL PERUGACHI

PUEBLO CAYAMBI / OPCIÓN

En una entrevista dada al periódico El Ciudadano de la última edición, el flamante embajador de Bolivia, Ricardo Ulcuango, se remienda de incoherencias para justificar la honorable designación.

En primer lugar pone de manifiesto que por ser Ecuador un país Plurinacional, todos los sectores tienen la posibilidad de participar en el Estado. Esta tesis es por supuesto verdadera, ningún segmento social debe permanecer aislada sin participación en el seno del Estado, las luchas trasadas durante decenios, lideradas por las organizaciones sociales fue para eliminar la monopolización del Estado en manos de la burguesía, para dar paso a un Estado que incluya a  quienes siempre fuimos excluidos de aquellas esferas.

La Plurinacionalidad, a propósito, para la CONAIE es: “la organización jurídico-político del Estado cuyas estructuras permiten y estimulan la participación directa de los sectores sociales, de los pueblos y nacionalidades existentes dentro de su territorio……..”; “propone la transformación de la estructura del Estado dominante, a un modelo político, jurídico y socio-económico justo, soberano e incluyente en la diversidad que permita superar la pobreza, la inequidad y la discriminación”.   

Sin embargo, todos estos principios fueron rotos por el régimen de Correa poco después de acceder al poder, la alianza con las organizaciones sociales fue dejada atrás, a favor de un pacto con la derecha del siglo XXI regentada por Correa; y hoy vemos más claro cómo está intacta la alianza con la derecha clásica del país en los vaivenes de la Asamblea. Las cifras muestran que la pobreza, la inequidad, la discriminación no  ha sido saneada, y no existe participación de las organizaciones sociales progresistas de izquierda en el Estado, a quienes endilgando un montón de mentiras trata de desprestigiar. Es esta contradicción en el discurso y en los hechos que demuestra que desde las aspiraciones de la CONAIE y otros sectores sociales del país la plurinacionalidad está en el limbo.

Con la designación como embajador a crédito personal no se soluciona la cuestión de la Plurinacionalidad, y no es aceptable de ninguna forma que bajo tal pretexto se mezcle con un gobierno racista, fascista, derechista, insultador, demagogo, que traicionó el gran proyecto de cambio radical en el país. Ulcuango se ha convertido así en una figurilla del gobierno burgués, acompañado de su sed  burocrática.

En otra parte señala que: “debe existir voluntad política, tanto del gobierno como de la dirigencia indígena, para trazar una agenda de reivindicaciones propias de las comunidades”. Voluntad política del régimen no existe, existe voluntad por aniquilar a la organización social, la voluntad política del movimiento indígena se  agotó al ser las reuniones impositivas por parte de régimen, por ejemplo en el caso del tratamiento de la Ley de Aguas, o cuando por defender la pacha mama se persigue a los líderes comunitarios, cuando insulta en las sabatinas a dirigentes de la CONAIE. ¿Acaso Ulcuango tan pronto se ha olvido que  las organizaciones sociales recibían los disparos de Correa?, ¿que en tales circunstancias tuvimos un exitoso levantamiento para defender el agua y otros reclamos? Hoy, sin importar el pasado, haciendo caso al acoso del enemigo se vende para compartir la ideología del gobierno e ignorar a su pueblo. Un gobierno burgués jamás podrá coincidir, peor compartir las aspiraciones que tenemos las organizaciones de izquierda y los pueblos del Ecuador, por eso la opinión de Ulcuango de trazar una agenda con el gobierno y el sector indígena tiene sentido solo en las mentes oportunistas y divisionistas.

Sostiene además que recibida la llamada de Patiño: “consulte a los presidentes de la Confederación de Cayambe, Ecuarunari y Conaie, esperé hasta el último momento para verificar alguna reacción o alguna convocatoria para analizar esta situación”. Tal respuesta es muy infantil dada su madurez, pues conocía perfectamente la situación polarizada entre el gobierno y el movimiento indígena, las distancias kilométricas que los separaban, no solo en el campo político. Si Ulcuango poseía ética, respeto con su organización, inmediatamente podría haber dado una respuesta negativa contundente a tal tentativa de Patiño, sin embargo cayó en la componenda del gobierno, inclinado además por su desviación política, ideológica. Su respuesta solo intenta llenar inútilmente el vaso de agua roto en la base.

Por último, claro que ya no sorprende, uno de los temas de agenda será el tema minero, alineado claramente con la política del gobierno. Ahora solo se podrá diferenciar el  poncho y el sombrero, porque su contenido en letras y palabras no tienen diferencia entre los demás mayorales de Correa.