En un artículo muy importante aprobado en la Convención Americana de los Derechos Humanos dice: “Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. Numeral 5: Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.”
El escenario en que se desarrolla la justicia ecuatoriana es el mayor de los fracasos del Ecuador, es el denominador común de cada régimen, y la causa es que cada gobierno la ha querido utilizar como instrumento de represión y persecución política por un lado, y para ocultar escandalosos casos de corrupción por otro, recordemos pues el caso Carrión.
César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, fue acusado por el régimen de “intento de magnicidio”, y de ser parte de la “conspiración del intento de golpe”, de impedir la entrada a la unidad de salud al Presidente Correa el 30 de Septiembre.
La audiencia prevista para el 27 de abril fue suspendida pues el fiscal Luis Enríquez debió viajar a otra provincia, según las versiones de la señora Janeth Orbea, esposa del acusado. La presión ejercida por la medida de hecho, huelga de hambre, a la que se sometió la señora Janeth Orbea, esposa del detenido, para conseguir una nueva audiencia en el caso Carrión, durante 12 días, hizo que se fije la nueva comparecencia para el lunes 9 de mayo a las 9h00. Por parte de la Fiscalía, en este proceso se anunciaba que declaren 42 personas convocadas por el Fiscal Enríquez, pero sólo 14 lo hicieron. Entre los principales testigos estuvieron el periodista Holger Guerrero, Iroshima Villalba, Francisco Latorre, asesor y “amigo personal” del Presidente Correa, y los policías Alex Casierra y Edgar Andrade, parte de la seguridad del mandatario.
En el Tribunal V de lo Penal de Pichincha, en la audiencia que duró 5 días, las versiones dadas por los testigos dejan en duda la culpabilidad del Coronel Carrión en el delito que se le atribuyó, pues según las declaraciones del periodista Guerrero, quien ha obtenido importantes cargos en distintas instituciones gubernamentales en este gobierno, en noviembre pasado dijo que “escuchó junto con Iroshima Villalba decir al Coronel Carrión que le pongan cianuro al Presidente” en lo que se contradice pues Villalva sostiene que “ lo escuchó solo de voz de un doctor pequeño que le agarró del brazo al ex director, cuando se encontraba en el Regimiento Quito”.
Algo similar ocurrió con Casierra que dijo fue él quien quitó las llaves a Carrión para abrir las puertas que unen al RQ1 con el Hospital para que ingrese el Presidente, algo totalmente opuesto a la versión del Dr. Francisco Latorre quien aseguró que no vio ningún candado en dicha puerta. En ese mismo sentido fueron las declaraciones del General de Policía Oswaldo Yépez. El Presidente Correa y su asesor Gustavo Jalkh fueron convocados por la defensa, mismos que enviaron un informe que pidieron se dé lectura; lo que hizo que el abogado López excluya la comparecencia de los citados. El pedido presidencial fue también negado por el juez Sierra, aduciendo que son las respuestas a las interrogantes que se plantean las que ayudan a esclarecer el caso. El viernes 13 del presente, luego determinadas las declaraciones, el juez encargado del caso como por arte de magia declaró la inocencia del acusado, por las inconsistencias de las pruebas de la Fiscalía Ministro del Interior José Serrano, desde el Palacio de Gobierno, se anticipó al fallo amenazó con acciones legales en contra del Juez Hugo Sierra si esa decisión es favorable Carrión, y el gobierno apelará según Serrano. También acusó al magistrado de estar parcializado en este proceso; y a los medios al defensor de mediatizar el proceso y de impedir que se exponga la verdad. En su afán sobre todo de conseguir culpables y mantener en pie.
El show del Intento de Magnicidio del 30 Septiembre se pretendió de ha buenas o de ha malas encontrar archivos que condene a Carrión, a pesar que hasta las imágenes señalan como inocente a nuestro coterráneo el Crnl. Carrión. Nuevamente la fuerza y el autoritarismo trataron de imponerse sobre la razón y las leyes, como muestra clara de que la interferencia en la justicia, por el ejecutivo es un hecho. El Circo montado por el gobierno día a día se desgasta, y se cae a pedazos, ¿intento de “magnicidio”? Ni el mismo se lo cree, aunque diga que quiere someterse al detector de mentiras.
¿Existe realmente justicia en el país? Al formularnos esta pregunta a muchos nos viene a la mente la declaración arbitraria de uno de los incautos ministros de la “Revolución Ciudadana”, que para ocultar su fracaso en la cartera de gobierno, hoy llamada ministerio del Interior, echa la culpa a los jueces con tal de seguir el mandato de su majestad el presidente Correa.
La verdadera intención que tuvo el gobierno, al llamar a una consulta popular mañosa, es meterle mano a la justicia y con ello nos podemos dar cuenta, su pretenciosa apelación a la justa libertad de Carrión y permitir que en este país reine la impunidad y sobre todo para perseguir a personas que supuestamente intentaron asesinarlo a todo aquel que se manifieste contra él, contra su régimen, contra sus reglas y no solamente a Carrión, también a combatientes populares. El caso Carrión no es el primero y tampoco será el último creo que los fundamentos esenciales que todo orden jurídico constitucional debe tener, debe estar dirigido a la eficacia de los derechos de las personas es decir, los ciudadanos, y más los luchadores sociales. Siendo así quedaríamos indefensos frente a una justicia cien por ciento correísta.
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